La Junta ha autorizado la extinción de la Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior y la Cooperación al Desarrollo, creada en 2008 (en la anterior legislatura, por la Consejería de Interior y Justicia), según informa la web noticiascastillayleon.com. Los objetivos y funciones desempeñados hasta el momento por esta fundación pasarán a ser asumidos por la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior. La causa de dicha extinción es dar cumplimiento al Plan de Ajuste, previsto por el Gobierno de la Nación, que establecerá los mecanismos necesarios para financiar a los proveedores.
La Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior y la Cooperación al Desarrollo inició sus actuaciones y actividad en el año 2009, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses que viven en otros países, difundir las señas de identidad de la Comunidad y potenciar la cooperación en el exterior. Entre los fines de esta fundación está el de promover el avance de los países en vías de desarrollo y realizar estudios e informes que contribuyan a mejorar el conocimiento en materia migratoria y de cooperación.
Estos fines y objetivos, que venía desarrollando la fundación, seguirán realizándose a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, que será quien asumirá estas competencias.
Esta actuación es consecuencia de la decisión que adoptó la Junta de Castilla y León, el 3 de mayo pasado, de aprobar un Plan de Ajuste para 2012, que permitirá cumplir el objetivo de déficit marcado para este año y posteriores, y por el que se podrá acceder al mecanismo extraordinario de financiación que agilizará el pago a los proveedores de la Administración, requerido por el Gobierno de la Nación.
En ese Plan de Ajuste de la Junta de Castilla y León se hace referencia, entre otras medidas, a la reestructuración del sector público autonómico, que está formado por 106 entes. La Junta carece de poder de decisión sobre 27 de ellos, otros cuatro son universidades públicas y 37 son organismos que dependen de esas instituciones académicas. Esto supone que el Gobierno autonómico sólo puede actuar sobre 38 empresas públicas, fundaciones y consorcios, de los que desaparecerán 11, es decir, el 29%. Con ello se generará un ahorro de 19,2 millones de euros.
